LA PAZ, 21 may (El Libre Observador) — A menos de un año de las elecciones generales, una acción popular admitida por la justicia boliviana reconfigura el escenario político y abre un nuevo frente de incertidumbre. El recurso, impulsado por el abogado Humberto Vidaurre Castillo, pretende inhabilitar a dos fuerzas emergentes con aspiraciones presidenciales: el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por la exalcaldesa de El Alto, Eva Copa, y APB-Súmate, fuerza política del alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa.
El eje del conflicto gira en torno a los plazos legales exigidos por la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que establece condiciones estrictas para que los partidos obtengan su personería jurídica antes de participar en comicios nacionales.
El memorial presentado ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz alega que ambas agrupaciones habrían incumplido los plazos mínimos requeridos para ser habilitadas de cara a las elecciones de 2025.
De acuerdo con el documento judicial, APB-Súmate recibió su personería jurídica el 5 de diciembre de 2024. Sin embargo, al 3 de abril de 2025 —fecha límite para cumplir con el plazo establecido— apenas se contabilizarían 119 días, uno menos de los 120 exigidos.
Además, la demanda cuestiona la continuidad legal de APB-Súmate al señalar que su transformación desde la agrupación ciudadana Autonomía para Bolivia (APB) no fue debidamente validada.
En el caso de Morena, el recurso es aún más drástico: afirma que la organización obtuvo su personería jurídica el 12 de febrero de 2025, lo que implicaría apenas 50 días de antigüedad hasta la fecha clave de corte, lejos del mínimo requerido.
“Solo si el TSE garantiza el cumplimiento estricto de la Ley 1096 podrá protegerse la legalidad del proceso electoral”, se lee en el memorial que fundamenta el pedido de inhabilitación.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió la acción popular el pasado 8 de mayo y fijó audiencia para el 23 de mayo, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado. La decisión de los vocales podría marcar un precedente determinante sobre los requisitos formales que pesan sobre las nuevas fuerzas políticas en Bolivia.
Mientras tanto, tanto Copa como Reyes Villa guardan silencio público a la espera del fallo judicial, aunque sus seguidores ya denuncian una ofensiva jurídica con tintes políticos.
Con las reglas del juego bajo escrutinio judicial, el proceso electoral de 2025 ingresa en una fase crítica, donde no solo se disputan candidaturas, sino la interpretación misma del derecho a la participación política.
