LA PAZ, 28 may (El Libre Observador) — El Gobierno de Bolivia advirtió este miércoles que el reciente fallo judicial que ordena la suspensión inmediata de dos contratos estratégicos para la industrialización del litio representa un serio retroceso para el país y afecta directamente al desarrollo económico de regiones como Oruro y Potosí.
Los acuerdos, firmados con las compañías Uranium One Group de Rusia y Hong Kong CBC de China, preveían inversiones conjuntas superiores a los 2.000 millones de dólares.
El pronunciamiento se dio luego de que un tribunal en la localidad de Colcha K, en el suroeste de Bolivia, dictara la paralización de los contratos firmados entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y ambas firmas extranjeras, que proyectaban instalar plantas de extracción directa de litio (EDL) en los salares andinos.
“Lamentamos como Gobierno, porque retrasan el progreso tanto de Oruro como de Potosí. Queda claro que el perjudicado es el país. Hacemos un retroceso con este fallo judicial”, declaró en conferencia de prensa el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Los contratos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su validación el año pasado —el de Uranium One en septiembre y el de CBC en noviembre—, y se encontraban a la espera de ser tratados por la Cámara de Diputados. Durante ese proceso, el Gobierno socializaba sus alcances a través de comisiones técnicas, en medio de crecientes cuestionamientos de sectores sociales y políticos opositores.
Montenegro defendió la actuación del Ejecutivo al asegurar que cumplió con todos los procedimientos establecidos. “El Gobierno nacional ya descarga su responsabilidad al haber mandado los contratos y al haber hecho lo que tenía que hacer: gestionar la normativa para que la Asamblea lo apruebe”, explicó. También cuestionó la falta de diligencia parlamentaria, a la que atribuyó una “corresponsabilidad”, por no priorizar la aprobación de los convenios pese a su importancia estratégica.
La decisión judicial fue promovida por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), que presentó una acción legal para frenar los acuerdos tras considerar que vulneran los derechos territoriales de las comunidades indígenas y ambientales.
Organizaciones como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y el Comité Multisectorial han encabezado protestas en la región, denunciando que los contratos con Uranium One y CBC son “entreguistas”, fueron negociados sin consulta previa y representan riesgos medioambientales irreversibles.
El litio, componente clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, es considerado uno de los principales activos del país andino en el marco de la transición energética global. Bolivia posee una de las mayores reservas del mundo, localizadas en los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa.
Para el Gobierno del presidente Luis Arce, la industrialización del litio representa una apuesta geopolítica que podría transformar la economía nacional y reducir su histórica dependencia de las exportaciones de gas e hidrocarburos. La paralización judicial de estos contratos, en consecuencia, representa un revés no sólo económico, sino estratégico, al frenar el ingreso de inversión extranjera y el avance hacia una mayor soberanía tecnológica.
Hasta el momento, ni YLB ni las empresas afectadas se han pronunciado sobre los pasos legales a seguir. Entretanto, la polémica en torno a los contratos del litio se ha reactivado como eje de confrontación política y social en un año marcado por tensiones institucionales y pugnas internas de cara a las elecciones generales de 2025.
