LA PAZ, 16 dic (El Libre Observador) — La hoja de coca, símbolo cultural y nervio político de Bolivia, vuelve al centro del debate nacional. El Gobierno anunció que ha pedido apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea (UE) para realizar un nuevo estudio de mercado que permita redefinir cuánta coca necesita realmente el país para su consumo tradicional y, a partir de ese dato, revisar los parámetros legales que hoy regulan su cultivo.
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, cuestionó abiertamente la actual superficie autorizada por ley y denunció que la normativa vigente nació sin respaldo técnico.
Recordó que un estudio elaborado durante el Gobierno de Evo Morales estableció en 14.700 hectáreas la demanda necesaria para el uso tradicional de la coca, pero que posteriormente se aprobó una ley que elevó el límite legal a 22.000 hectáreas. “Esa decisión fue política, no técnica”, afirmó, al sugerir que el objetivo fue blanquear producción excedentaria.
Desde entonces, según cifras oficiales, el cultivo de coca no dejó de expandirse. En 2024 alcanzó las 34.000 hectáreas y, de mantenerse la tendencia actual, podría llegar a las 40.000 en 2025, impulsado —según el Gobierno— por una erradicación insuficiente y por un marco legal permisivo. Para Justiniano, Bolivia produce hoy “más coca de la que necesita”, bajo un paraguas normativo que favoreció el desborde.
El pedido de cooperación internacional busca dotar de legitimidad y rigor técnico a un proceso políticamente sensible. La participación de la ONU y la UE, explicó el viceministro, permitirá establecer con mayor precisión la demanda legal interna y ofrecer una base sólida para futuras reformas. El estudio, añadió, será público y marcará la hoja de ruta de la nueva política cocalera.
La revisión no se limitará a la superficie cultivada. El Gobierno también anunció que analizará el factor de conversión de hoja de coca a cocaína, un indicador clave para medir el impacto real del narcotráfico.
Justiniano admitió que la capacidad de procesamiento ilegal ha mejorado en los últimos años, lo que obliga a actualizar los parámetros técnicos utilizados por el Estado.
El anuncio anticipa un giro en una política históricamente cargada de simbolismo y conflicto. En Bolivia, la coca es al mismo tiempo herencia ancestral, sustento económico y fuente de fricción con la comunidad internacional. Al pedir apoyo externo para redefinir sus límites, el Gobierno no solo busca cifras más precisas, sino también un nuevo equilibrio entre tradición, legalidad y control estatal.
