LA PAZ, 16 ene (El Libre Observador) — La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, advirtió este viernes con retomar las protestas en las calles frente a la decisión del presidente Rodrigo Paz de gobernar mediante decretos supremos y de respaldar una controvertida ley que busca penalizar los bloqueos de carreteras, una forma histórica de presión social en Bolivia.
El pronunciamiento sindical reaviva la tensión política y social tras casi tres semanas de movilizaciones contra el decreto 5503 —finalmente abrogado— que eliminó la subvención a los hidrocarburos y activó un severo paquete de medidas económicas en medio de una delicada coyuntura fiscal y energética.
“El Gobierno está reinstalando, decreto por decreto, disposiciones que ya fueron rechazadas en las calles”, denunció el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en conferencia de prensa. A su juicio, esta estrategia constituye una forma de “autoritarismo” y vacía de contenido el rol del Legislativo.
Argollo sostuvo que varios artículos del decreto 5503, cuya anulación fue celebrada por los sindicatos como una victoria social, estarían reapareciendo en nuevas normas aprobadas sin debate parlamentario. “No vamos a ser una dirigencia servil a ningún gobierno. Vamos a defender los intereses de las grandes mayorías”, advirtió, al dejar abierta la posibilidad de retomar las medidas de presión.
La central obrera también cuestionó duramente a la Asamblea Legislativa, a la que acusó de omisión y falta de fiscalización. “¿Qué están haciendo los diputados y senadores? ¿Cuál es su función pública?”, increpó Argollo, quien exigió leyes construidas con consenso y deliberación, y no decisiones adoptadas desde el Ejecutivo.
Uno de los puntos que más inquietud genera en los sindicatos es el decreto que habilita al presidente Paz a ejercer funciones de gobierno a distancia, incluso desde el exterior del país. La COB considera que esta disposición es inconstitucional y erosiona el principio de presencia efectiva del mandatario. “¿Vamos a gobernar desde Cancún o Miami?”, ironizó el dirigente sindical.
El núcleo del conflicto gira también en torno al proyecto de ley antibloqueos, impulsado por sectores del oficialismo con el respaldo explícito del Ejecutivo. Para la COB, penalizar los bloqueos supone criminalizar la protesta social. “Nadie sale a bloquear por gusto. Es la última herramienta cuando los gobernantes hacen oídos sordos a las demandas populares”, afirmó Argollo.
El presidente Paz defendió esta semana el derecho constitucional a la protesta, pero advirtió que los manifestantes que recurran a dinamita o pongan en riesgo la vida de terceros enfrentarán sanciones penales. Sus declaraciones se producen tras episodios de violencia registrados durante las recientes movilizaciones, especialmente en La Paz y El Alto, donde el uso de explosivos por parte de mineros sindicalizados causó daños a la infraestructura pública, según reportes oficiales.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, justificó la iniciativa antibloqueos al señalar que los cierres de carreteras generan pérdidas estimadas en unos 20 millones de dólares diarios, una cifra que —según el Ejecutivo— duplica el ahorro logrado con la eliminación de la subvención a los carburantes.
El Senado aprobó esta semana la conformación de una comisión integrada por las comisiones de Constitución y de Justicia Plural para tratar el proyecto de ley mediante un proceso de diálogo con sectores sociales y económicos, aunque los sindicatos desconfían de que ese debate sea genuino.
Mientras tanto, organizaciones empresariales y productivas, como la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Nacional de Exportadores, presionan para que se garantice la libre transitabilidad durante todo el año, alertando sobre pérdidas millonarias y el impacto negativo en las exportaciones.
El pulso entre el Gobierno y la principal central sindical vuelve así a colocar a Bolivia en un escenario de alta conflictividad, donde el debate sobre gobernabilidad, protesta social y límites del poder estatal se instala nuevamente en el centro de la agenda política nacional.
