LA PAZ, 28 sep (El Libre Observador) — El Gobierno de Estados Unidos ha cerrado sus puertas al fiscal general y otros siete bolivianos. El Departamento de Estado anunció este lunes que Roger Mariaca y sus familiares directos no podrán entrar en el país, después de acusarlo de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a eludir la justicia. La decisión, que golpea al máximo responsable de la persecución penal en Bolivia, ha abierto un nuevo frente político para el Ejecutivo de Rodrigo Paz, que ya arrastraba el desgaste de las críticas por su reciente gira por Estados Unidos.
Según el comunicado estadounidense, Mariaca «abusó de sus cargos públicos» en casos de «corrupción significativa», una figura por la cual Washington declara, en general, inelegibles para ingresar a su territorio a los funcionarios señalados y a sus allegados más cercanos.
El texto sostiene que las presuntas acciones del fiscal «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo» y «socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer».
El tono del documento es inusualmente severo. «Los funcionarios corruptos y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos», afirma, en una frase atribuida tanto al presidente Donald Trump como al secretario de Estado, Marco Rubio. Hasta el momento no se conocen pruebas públicas ni detalles de los casos concretos en los que se sustentaría la acusación, ni consta una respuesta del propio Mariaca en el material disponible.
La oposición reclama una investigación
La reacción política no se hizo esperar. El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió a la Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial que indaguen sobre las autoridades y exautoridades bolivianas que aparecen en una lista difundida por Washington.
Quiroga aclaró que no conoce personalmente a los mencionados y evitó pronunciarse sobre su culpabilidad, pero calificó el asunto como de «la máxima gravedad» y dijo que debe ser materia de una investigación congresal. «Queremos todos que se investigue, que se aclare, que se llegue a fondo», declaró.
El exmandatario instó a los presidentes de ambas cámaras y a la comisión mixta de Constitución a recabar información y promover los procesos que correspondan. Distinguió además entre dos situaciones: para quienes ya no ocupan cargos, las pesquisas pueden seguir la vía ordinaria; para los funcionarios en ejercicio en la Policía, el Ministerio Público o la Justicia, pidió una revisión de sus antecedentes y de sus actuales responsabilidades.
Su mayor inquietud apunta al propio Ministerio Público. «¿Con qué autoridad, con qué credibilidad va a llevar adelante estos procesos?», se preguntó Quiroga, en referencia a una institución cuya cabeza queda ahora bajo sospecha internacional. La duda, que comparten otros legisladores, es quién investigará al investigador.
Un Ejecutivo con dos frentes abiertos
La noticia coincide con el regreso de Paz de su viaje a Estados Unidos, cuyo balance el propio presidente defendió en una conferencia de prensa, donde aseguró haber mantenido más de 32 reuniones y haber asegurado inversiones por 10.000 millones de dólares, cifras que no han sido verificadas de forma independiente.
En la Cámara de Diputados, sin embargo, los reproches crecen. Legisladores de Unidad, Libre y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunciaron que pedirán un informe escrito al Gobierno sobre la ausencia del mandatario y los gastos de la gira.
«Esperemos que el presidente no se haya ido a hacer turismo, porque lamentablemente son muchos días. Esperemos que traiga resultados positivos para Bolivia», dijo el diputado de Libre Armin Lluta, quien exigió que el Ejecutivo «justifique los viáticos y los gastos realizados con recursos del Estado». Su colega de Unidad Carlos Alarcón precisó que el requerimiento debe dirigirse al Ministerio de la Presidencia, para que explique el uso de bienes estatales en los viajes al exterior.
Que la sanción proceda de un país con el que el Gobierno de Paz busca estrechar lazos, y en el marco de un programa de cooperación como Escudo, añade un elemento incómodo para La Paz: la señal de que Washington vigila la credibilidad de las instituciones bolivianas con las que pretende trabajar en la lucha antidroga. Queda por ver si el Ejecutivo se pronunciará sobre la continuidad de Mariaca en el cargo y si la Asamblea encontrará el consenso necesario para abrir una investigación.
