Por Carmelo Gambero
LA PAZ, 30 ago (El Libre Observador) – Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, en lugar de ser un ejercicio técnico y objetivo para medir la realidad demográfica de Bolivia, perfila en convertirse en el nuevo campo de batalla para los politiqueros oportunistas que sin duda buscarán aprovechar esta coyuntura para ganar protagonismo de cara a las elecciones generales del 2025 y las subnacionales.
A medida que las derivaciones comienzan a salir a la luz, se hace evidente que muchos de los actores políticos del país están más interesados en manipular los datos para sus propios fines que en utilizarlos para el beneficio colectivo de las regiones como mejorar su presupuesto, orientar políticas de desarrollo, entre otros.
El gobierno de Luis Arce, consciente del impacto que pueden tener estos resultados en la distribución de poder, ha propuesto someter la redistribución de escaños a un referéndum. Sin embargo, fue obligado retirar la pregunta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al requerir aprobación legislativa por ser de reforma a la Constitución.
En consecuencia, Arce desistió de la pregunta consciente de que este tema puede generar una serie de conflictos políticos y regionales que amenazan con desestabilizar aún más su administración y el país.
En este contexto, emergen figuras como Luis Fernando Camacho, el gobernador sin funciones de Santa Cruz, quien desde su encierro en Chonchocoro, no ha perdido tiempo en calificar los resultados como un «fraude del millón».
Con este tipo de declaraciones, sin base técnica ni evidencia, Camacho no solo intenta recuperar la notoriedad que ha perdido tras su encarcelamiento, sino que también busca sembrar desconfianza en las instituciones y avivar el fuego del regionalismo.
Este tipo de oportunismo es peligroso para la estabilidad del país. La politización de los resultados del censo no solo distorsiona la realidad, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos.
La desinformación, alimentada por actores con agendas personales, puede llevar a un punto de quiebre donde las decisiones se toman más por la presión popular que por la razón y el diálogo.
La solución a este escenario no es sencilla, pero es clara. Es crucial que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el gobierno actúen con celeridad para socializar los resultados del censo de manera amplia y transparente.
La información debe ser accesible y comprensible para todos los ciudadanos, desarmando así a los políticos que buscan utilizarla como arma para sus ambiciones. Además, es fundamental que los medios de comunicación jueguen un rol responsable, verificando y contrastando la información antes de amplificar mensajes que solo buscan dividir, como es el caso de Camacho que decidió rechazar los resultados y calificarlo de fraude.
Bolivia no puede permitirse que los resultados del censo se conviertan en un nuevo detonante de conflictos. Es momento de que la clase política ponga los intereses del país por encima de sus propias ambiciones y que la ciudadanía exija transparencia y responsabilidad en el manejo de la información. Solo así se podrá evitar que el censo, una herramienta vital para la planificación y el desarrollo del país, se convierta en el pretexto para una nueva crisis política.
En definitiva, la politización del Censo 2024 es un reflejo de la fragilidad de la democracia boliviana, donde cualquier dato puede ser utilizado como arma en la lucha por el poder. Es hora de que Bolivia madure políticamente y deje de caer en las trampas de aquellos que solo buscan su propio beneficio a costa del bienestar común.
