Por Vladimir Huarachi Copa
LA PAZ, 4 may (El Libre Observador) — Cuando realizaba mi servicio militar, allá por el año 2003, el oficial de compañía al que había sido asignado solía llamarnos la atención por los destrozos ocasionados al material militar. Decía, a modo de reprimenda, que todo lo que no comíamos lo destrozábamos, y que esa era una máxima del ciudadano boliviano. En ese entonces, claro está, no le di mayor importancia; aquella idea ya se había normalizado dentro de la compañía.
Muchos años después, y a la luz de otras experiencias, comprendí que aquella máxima no era una simple exageración, sino una descripción cruda de una realidad persistente. Todo lo que tiene que ver con lo público no suele ser motivo de cuidado; por el contrario, pareciera que somos autores directos y cómplices del deterioro de los bienes comunes: plazas, parques, edificios, transporte y todo aquello que pertenece a todos.
Hoy, esa lógica vuelve a manifestarse incluso dentro de las propias instituciones llamadas a resguardar las fronteras. En la Armada Boliviana se ha denunciado el robo de armas con participación de efectivos de distintos rangos; en la Fuerza Aérea Boliviana, el robo de alas de avionetas. Los hechos están ahí, y ya existen presuntos responsables. Corresponderá a la justicia esclarecerlos y establecer responsabilidades.
Sin embargo, más allá de lo judicial, cabe preguntarse por las causas. ¿Se trata de actos de supervivencia en un contexto de inestabilidad? ¿O de intentos por desviar la atención ante el desgaste del presidente Rodrigo Paz y su gabinete? Las hipótesis pueden ser múltiples. Pero lo que resulta innegable es el impacto sobre la ciudadanía: la escasez de combustibles y los reiterados desaciertos en la conducción económica siguen golpeando al país.
En medio de esta crisis, energética, política y económica, parece instalarse también una narrativa cargada de eufemismos. Una narrativa en la que todo aquello que no resulta conveniente debe ser desacreditado o destruido por cualquier medio. Así, el país se encamina hacia una democracia de baja calidad, donde las decisiones por decreto dejan de ser excepcionales para convertirse en norma.
En ese contexto, el gobierno del presidente Paz parece avanzar en una dirección preocupante. Tras iniciar su gestión con altos niveles de popularidad, transitó hacia una concentración de poder que luego derivó en la reducción de la autonomía de su vicepresidente y de otras instancias potencialmente críticas. Hoy, ante la incapacidad de resolver problemas urgentes, especialmente el de los combustibles, surgen señales de restricción al derecho a la libre expresión, en un intento por contener el desgaste político.
