LA PAZ, 26 sep (El Libre Observador) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) validó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anula la reelección indefinida en Bolivia, cerrando un capítulo que ha marcado la historia política reciente del país. A través del informe No. 121/24, emitido el 30 de agosto, la CIDH declaró inadmisible una demanda que buscaba responsabilizar al Estado por la autorización previa de la reelección ilimitada, consolidando así la reversión jurídica que prohíbe un tercer mandato presidencial consecutivo.
Este dictamen, acogido con satisfacción por varios sectores políticos, refuerza el principio de alternancia en el poder, un pilar fundamental de las democracias modernas.
El informe de la CIDH confirma que la sentencia del TCP de diciembre de 2023, que restablece la vigencia del artículo 168 de la Constitución boliviana, es coherente con las normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, la reelección indefinida no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni con los valores democráticos fundamentales.
El fallo se produce luego de años de controversia desde que el entonces presidente Evo Morales se postuló para un cuarto mandato en 2019, basándose en una interpretación previa del Tribunal Constitucional que permitía la reelección indefinida. Sin embargo, esa decisión fue revertida en diciembre de 2023, cuando el TCP reconoció que la Constitución boliviana limita a los presidentes a dos mandatos consecutivos.
La CIDH, en su informe, destaca que ya no existen fundamentos para las demandas presentadas en contra del Estado Plurinacional de Bolivia por violaciones a los derechos políticos. Estas denuncias, promovidas por varios actores, argumentaban que la reelección indefinida infringía la voluntad popular expresada en el referendo de 2016, en el cual la mayoría votó en contra de una segunda reelección presidencial.
El fallo del TCP reestablece el mandato constitucional de que ningún mandatario puede postularse indefinidamente lo que, según la CIDH, garantiza la pluralidad política y la alternancia en el poder.
El impacto de esta resolución se siente con fuerza en el escenario político de Bolivia. Evo Morales, quien lideró el país durante casi 14 años, fue forzado a renunciar en 2019 en medio de protestas sociales tras unas elecciones marcadas por denuncias de fraude.
La CIDH, en su informe, reconoce que Morales ganó las elecciones, pero no llegó a asumir el cargo debido a las irregularidades señaladas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que desencadenó una crisis política sin precedentes.
Con la validación de la sentencia constitucional que prohíbe la reelección indefinida, Bolivia se enfrenta a un escenario de mayor estabilidad jurídica en términos electorales. La decisión de la CIDH pone fin a las dudas sobre la posibilidad de que un presidente en funciones extienda su mandato indefinidamente. Esto, a su vez, fortalece el sistema de frenos y contrapesos en el país, así como la confianza en las instituciones judiciales y electorales.
Este fallo también tiene implicaciones económicas, ya que brinda mayor certidumbre a los inversores extranjeros y al propio mercado interno, al consolidar un marco democrático claro. Los analistas coinciden en que esta estabilidad jurídica es crucial para atraer inversiones y fomentar el crecimiento en un país que aún enfrenta desafíos significativos en el ámbito económico y social.
A medida que Bolivia se encamina hacia futuras elecciones, la prohibición de la reelección indefinida abre el espacio para una mayor participación política y el surgimiento de nuevos liderazgos, algo que podría redefinir el panorama político en los próximos años.
La CIDH, con este dictamen, no solo valida la sentencia del TCP, sino que también refuerza los principios de la democracia representativa en toda la región, recordando la importancia de garantizar la alternancia en el poder y evitar la perpetuación de una autoridad, lo que debilitaría los sistemas democráticos y afectaría negativamente a los derechos políticos de los ciudadanos.
