LA PAZ, 10 abr (El Libre Observador) — Durante años, la electricidad en Bolivia fue un territorio casi exclusivo del Estado, un engranaje más de un modelo económico centralizado que convirtió a la energía en símbolo de soberanía. Pero esa arquitectura acaba de cambiar. El Gobierno ha decidido abrir el mercado eléctrico, permitir la entrada del sector privado en el comercio internacional de energía y devolver a las industrias la posibilidad de generar su propia electricidad, en un movimiento que redefine las reglas del sector.
La decisión, plasmada en el Decreto Supremo 5598, rompe la exclusividad de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y habilita a cualquier actor del mercado a importar y exportar electricidad, especialmente en las zonas fronterizas, donde la interconexión con países vecinos deja de ser una promesa para convertirse en una oportunidad tangible.
El presidente Rodrigo Paz apuesta así por un giro pragmático en medio de un contexto económico exigente, donde la escasez de divisas y la presión sobre el tipo de cambio obligan a explorar nuevas fuentes de ingreso. En ese cálculo, la electricidad deja de ser solo un servicio interno para convertirse en un potencial producto de exportación.
Pero el cambio no se limita a los flujos internacionales. Dentro del país, la reforma devuelve a las industrias una herramienta que había sido limitada: la autogeneración de energía. Ahora podrán utilizar gas natural para producir electricidad destinada a su propio consumo, reduciendo su dependencia del Sistema Interconectado Nacional y, al mismo tiempo, aliviando la carga sobre una red que enfrenta crecientes demandas.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, presentó la medida como una corrección de rumbo. En años anteriores, explicó, se había restringido esta posibilidad en favor de un modelo más centralizado. Hoy, el Ejecutivo considera que la apertura puede mejorar la eficiencia del sistema y dinamizar la economía.
La decisión también tiene un trasfondo político. Las normas que ahora se dejan atrás fueron aprobadas durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, que consolidaron un esquema donde el Estado concentraba el control de la generación y el comercio eléctrico. La nueva regulación, sin embargo, introduce un equilibrio distinto: el Estado se mantiene como regulador, pero ya no como único operador.
En paralelo, Bolivia mira hacia sus vecinos. El acuerdo firmado con Brasil para impulsar la integración eléctrica en zonas fronterizas sugiere un horizonte en el que la energía circula más allá de las fronteras nacionales, conectando mercados y necesidades. En ese escenario, el país andino busca posicionarse como un actor activo, capaz de exportar excedentes o cubrir déficits según las condiciones del momento.
La apertura del mercado eléctrico no está exenta de interrogantes. Para algunos analistas, el desafío será garantizar que la liberalización no derive en desigualdades en el acceso o en tensiones regulatorias. Para otros, se trata de una señal necesaria en un país que intenta equilibrar su tradición de control estatal con las demandas de una economía más flexible.
Lo cierto es que, en silencio y sin grandes gestos, Bolivia ha comenzado a reconfigurar uno de los pilares de su modelo energético. Y en ese proceso, la electricidad —hasta ahora un recurso administrado puertas adentro— empieza a proyectarse como una pieza clave en su estrategia económica hacia el exterior.
