LA PAZ, 26 may (El Libre Observador) — En las estaciones de servicio de La Paz y El Alto, algunos conductores llevan días durmiendo dentro de sus vehículos esperando unos litros de gasolina o diésel. En los mercados, los precios cambian cada mañana y ciertos alimentos comienzan a desaparecer. En las carreteras del altiplano y los valles, largas columnas de camiones, cisternas y autobuses permanecen inmóviles bajo el frío andino. Bolivia, un país acostumbrado a resolver sus disputas políticas en las calles, atraviesa una nueva etapa de parálisis nacional.
Este martes, la Policía boliviana informó que los bloqueos de carreteras ascendieron a 150 puntos distribuidos en seis de los nueve departamentos del país, en una escalada que refleja la profundidad de la crisis social y política que golpea al Gobierno del presidente Rodrigo Paz apenas seis meses después de asumir el poder.
“Los bloqueos afectan a toda la población del país”, reconoció el comandante policial, Mirko Sokol, mientras las autoridades intentaban, una vez más, abrir corredores humanitarios para transportar alimentos, oxígeno y combustible hacia las regiones más golpeadas por el cerco.
La Paz es el corazón de la crisis. La sede de gobierno permanece prácticamente rodeada tras 26 días consecutivos de bloqueos impulsados por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros y fabriles que ahora exigen directamente la salida de Paz.
Las protestas comenzaron hace semanas con reclamos salariales y demandas sectoriales. Pero el conflicto fue mutando rápidamente hacia una confrontación política más amplia, alimentada por el desabastecimiento, el desgaste económico y la creciente percepción de que el Gobierno ha perdido capacidad de control sobre las carreteras y las calles.
En Bolivia, las rutas son más que simples vías de transporte: son arterias políticas. Cuando se bloquean, el país entero se detiene. Y esta vez la magnitud del cerco comienza a sentirse en casi todos los niveles de la vida cotidiana.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió que más de 1.600 cisternas con combustible permanecen detenidas intentando llegar a la planta de Senkata, en El Alto, uno de los principales centros de distribución energética del país.
El resultado es visible en toda la ciudad: filas interminables frente a surtidores, transporte reducido y una creciente ansiedad entre conductores y comerciantes. La Asociación de Surtidores de La Paz alertó este martes sobre una “paralización casi total” en la distribución de carburantes.
Los alimentos también comienzan a escasear. Mercados y pequeños comercios reportan dificultades para recibir productos básicos mientras el transporte pesado permanece atrapado en rutas tomadas por manifestantes.
Entretanto, el conflicto se vuelve cada vez más explosivo. Este martes, un contingente policial logró avanzar parcialmente sobre la carretera de Parotani, cerca de Cochabamba, un punto estratégico que conecta el eje central del país con los corredores hacia el Pacífico.
Pero la operación derivó nuevamente en escenas de violencia. Manifestantes utilizaron explosivos artesanales y piedras contra los uniformados, que respondieron con gases lacrimógenos para intentar despejar la vía.
Las imágenes recuerdan a muchos bolivianos otras etapas turbulentas de la historia reciente del país: carreteras humeantes, enfrentamientos en las montañas y gobiernos atrapados entre la presión callejera y el desgaste político.
La tensión aumentó todavía más tras la muerte de un civil durante un operativo similar realizado el fin de semana en el altiplano paceño. El fallecimiento, confirmado oficialmente por el Gobierno después de haber sido inicialmente negado, terminó de romper los frágiles intentos de diálogo con los sectores movilizados.
Mientras tanto, el centro de La Paz continúa colapsado por marchas y protestas. Sindicatos del transporte también salieron a bloquear calles urbanas, ampliando la sensación de una ciudad cada vez más paralizada.
El presidente Paz insiste en que el país superará la crisis mediante el diálogo y la defensa del orden constitucional. Pero en las calles, el ambiente parece moverse en otra dirección: más radicalización, más enojo y menos disposición a negociar.
