LA PAZ, 13 jun (El Libre Observador) — En Bolivia, una guerra política se libra no en los parlamentos ni en los medios, sino en las carreteras. Después de doce días de bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, el Gobierno de Luis Arce asegura haber reducido a 13 los puntos de corte en todo el país, en una operación conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas que deja un saldo trágico: cinco muertos y más de un centenar de heridos.
La ofensiva no ha terminado. Desde el corazón cocalero del Trópico de Cochabamba —bastión histórico de Morales—, los grupos movilizados no solo exigen la renuncia del actual presidente, sino también la restitución política de su líder, cuya candidatura a las elecciones del 17 de agosto ha sido bloqueada por falta de una sigla política habilitada y un fallo constitucional que prohíbe la reelección indefinida.
El expresidente, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, denuncia una “persecución judicial” y acusa a Arce de haber traicionado al proyecto político del Movimiento al Socialismo (MAS). Desde su emisora Kawsachun Coca, Morales insiste en que no abandonará el país como en 2019: “Esta lucha va a continuar. No voy a huir, sólo no quiero que me maten”.
Lo que se juega en las rutas bolivianas va mucho más allá de una pulseada electoral. Es la expresión visible de una fractura cada vez más profunda dentro del partido que gobierna el país desde hace casi dos décadas. La lucha no es solo por el poder: es por la narrativa, por el legado y por el control del aparato político y territorial del MAS.
UN PAÍS PARALIZADO
Las consecuencias del conflicto son palpables. En mercados de La Paz, el precio del pollo, carne de res, aceite y otros ha comenzado a subir. Los combustibles escasean en las ciudades. Los hospitales denuncian carencia de emisión de oxígeno medicinal. La Confederación de Empresarios Privados cifra en más de 150 millones de dólares las pérdidas económicas por los cortes de ruta. Transportistas y comerciantes duermen en las terminales o gastan lo poco que tienen en hoteles de paso.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registraba, al inicio del conflicto, al menos 35 puntos de bloqueo en siete departamentos. Esta semana, con la intervención de fuerzas combinadas, el número se redujo a 13, concentrados en Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.
“La Policía y las Fuerzas Armadas seguirán actuando para garantizar el tránsito libre por las vías”, declaró el comandante departamental Augusto Russo desde Llallagua, donde fue desbloqueada la ruta hacia Sucre y Oruro. La decisión de usar militares refleja el nivel de tensión que ha alcanzado el conflicto y, al mismo tiempo, evidencia la fragilidad institucional para contenerlo por vías políticas.
UNA CRISIS CON MÚLTIPLES CAPAS
El trasfondo económico no es menor. Bolivia atraviesa un período crítico tras el agotamiento del modelo extractivista que sostuvo su bonanza en la década pasada.
El déficit fiscal se ha incrementado, las reservas internacionales están en mínimos históricos, y el tipo de cambio paralelo comienza a erosionar la estabilidad monetaria. El Gobierno, aunque evita hablar de crisis, ha comenzado a tomar medidas de ajuste y racionalización del gasto.
El conflicto en las rutas, por tanto, golpea en el peor momento. No solo por las pérdidas inmediatas, sino porque debilita aún más la frágil confianza de los mercados, de los exportadores y de los ciudadanos. La imagen de una Bolivia dividida, enfrentada a sí misma, con muertos en sus carreteras y sin una autoridad indiscutida, refuerza los peores temores de inestabilidad.
