LA PAZ, 22 dic (El Libre Observador) — La Paz amaneció este lunes con el sonido de los petardos, los cascos mineros y el eco de consignas sindicales que bajaban desde El Alto hacia el centro político del país. Desde primeras horas de la mañana, la Central Obrera Boliviana (COB), los mineros cooperativistas y el magisterio ocuparon las principales avenidas de la ciudad en una demostración de fuerza contra la eliminación de la subvención a los combustibles, una medida que vuelve a colocar a Bolivia frente a uno de sus conflictos más sensibles.
Las columnas comenzaron a avanzar en la mañana, desbordando el tráfico y alterando la rutina paceña. En una ciudad acostumbrada a la protesta, la magnitud de la movilización devolvió una imagen conocida con calles colapsadas, comercios cerrados y un clima de tensión que se extendió más allá de la sede de gobierno.
La marcha fue el reflejo urbano de un malestar que ya se había instalado en las carreteras, con bloqueos activos en seis de los nueve departamentos del país.
Para los sectores movilizados, el Decreto Supremo 5503 no es una corrección técnica de la economía, sino un golpe directo al bolsillo popular. “La subvención es un derecho conquistado”, repiten los dirigentes sindicales, que advierten sobre el impacto inmediato del alza de los carburantes en el transporte, la canasta básica y, en el caso de los mineros, en los costos de operación de una actividad ya golpeada por la volatilidad de los precios internacionales.
La escena paceña convivió con un país fragmentado. Mientras las calles del centro político eran tomadas por los manifestantes, el Gobierno exhibía acuerdos con otros sectores sociales, especialmente con el transporte nacional, que decidió suspender el paro previsto para este lunes tras recibir garantías sobre el abastecimiento de combustibles y la apertura de mesas de diálogo. La estrategia oficial apunta a aislar la protesta más dura sin ceder en el núcleo del ajuste.
El temor a la violencia también se coló en la jornada. El alcalde de La Paz, Iván Arias, lanzó un llamado público para que la movilización no derive en destrozos ni en el uso de dinamita, una advertencia que evoca episodios pasados en los que la protesta minera dejó heridas profundas en la ciudad. La plaza Murillo, corazón del poder político, permaneció resguardada por un cordón policial y barricadas metálicas.
Lejos de apaciguar los ánimos, la COB anunció un cerco a la plaza Murillo como siguiente paso de su escalada. “Vamos a presionar hasta que el Gobierno abrogue este decreto”, afirmó uno de sus dirigentes, en un discurso pronunciado a pocos metros del perímetro policial. Al mismo tiempo, confirmó que existe una invitación al diálogo por parte del Ejecutivo, aunque cualquier decisión será consultada con las bases sindicales.
En las aceras, la movilización también encontró resistencia. Algunos ciudadanos increparon a los marchistas, defendiendo el decreto como una medida necesaria para evitar el colapso económico. La escena expuso una polarización creciente, en la que el ajuste enfrenta a sectores populares entre sí y reabre el debate sobre quién debe asumir el costo de la crisis.
La jornada cerró sin un desenlace claro. El Gobierno insiste en que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio, mientras los sindicatos prometen profundizar el paro general indefinido. En Bolivia, el precio del combustible vuelve a ser algo más que un número: es el detonante de una disputa que se libra en las calles y que pone a prueba, una vez más, el frágil equilibrio entre ajuste económico y paz social.
