Por Carmelo Contreras R.
LA PAZ – La sombra de un referéndum para ratificar el rechazo a la reelección presidencial en Bolivia se cierne sobre Evo Morales y su movimiento político. Esta consulta popular no solo representa una oportunidad para fortalecer la democracia, sino que también se perfila como un veredicto contundente contra la ambición desmedida del exmandatario.
La iniciativa del ministro de Justicia, Iván Lima, de convocar a una consulta ciudadana contra una nueva postulación de Morales en próximas elecciones, es un claro reflejo del hartazgo social ante la persistente búsqueda de poder del líder cocalero.
Su intento de postularse nuevamente en 2025 ha despertado un amplio descontento entre aquellos que ven en él un obstáculo para el desarrollo democrático y la estabilidad política del país.
El referéndum no solo pondría fin a la incertidumbre política que vive Bolivia en los últimos años y que actualmente sufre el presidente Luis Arce, por falta de gobernabilidad en el Legislativo, sino que también significaría un golpe definitivo a la arrogancia política de Morales y su movimiento.
Su gestión se ha visto empañada por el uso indebido del poder y la falta de respeto hacia las instituciones democráticas, dejando un rastro de injusticia social que el pueblo boliviano no está dispuesto a tolerar.
Respaldado por constitucionalistas, políticos y una sociedad agotada de los abusos de poder, el referéndum ratificatorio se presenta como la última oportunidad para que Morales comprenda que su tiempo en la arena política ha llegado a su fin. Sería una especie de plebiscito para el líder cocalero.
Los resultados de la consulta popular del 21 de febrero de 2016 y la Sentencia Constitucional 1010/23 son claros: la reelección indefinida no es un derecho humano y aquellos que intentan perpetuarse en el poder deben enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Para muchos analistas y políticos, este referéndum no solo sería una forma de expresar el rechazo ciudadano hacia la figura de Morales, sino también un acto de justicia para un pueblo que ha sufrido las consecuencias de su ambición desmedida. La concentración de poder en manos de los cocaleros del Chapare, financiada en muchos casos por el narcotráfico, ha envenenado la política boliviana, dejando un país polarizado.
Lanzada la iniciativa, ahora la responsabilidad recae en los políticos, fundamentalmente, sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde la voluntad de la derecha radical opositora y los seguidores del “evismo” determinarán la viabilidad del referéndum.
Es momento de que la política boliviana demuestre su compromiso con la justicia y la democracia, enviando un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley, la democracia y que el poder debe ejercerse con responsabilidad y respeto hacia la voluntad del soberano.
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