LA PAZ, 27 oct (El Libre Observador) — A pocos días de entregar el mando, el presidente boliviano Luis Arce Catacora enfrenta una nueva controversia judicial que amenaza con empañar el cierre de su mandato. La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, solicitó este lunes a la Fiscalía General que emita una alerta migratoria en su contra, alegando un “riesgo de fuga” ante su presunta reticencia a colaborar con una investigación por abandono de mujer embarazada.
“El denunciado, señor Luis Alberto Arce Catacora, padre de mi hijo, ha anunciado que no asistirá a la transmisión de mando. Eso genera una alta susceptibilidad, ya que existe la posibilidad de que abandone el país sin retorno”, declaró Lafuente a los periodistas en La Paz, al presentar formalmente la petición.
La denuncia, de carácter personal, pero con repercusión política, llega en pleno proceso de transición institucional, a menos de dos semanas de la toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz Pereira.
El caso ha encendido el debate público en torno a la responsabilidad legal y moral de los altos cargos salientes, en un país donde la frontera entre lo privado y lo político suele ser difusa.
Lafuente, quien asegura haber mantenido una relación sentimental con Arce en 2023, acusa al mandatario de negarse reiteradamente a realizarse una prueba de ADN ordenada por la Fiscalía para determinar la paternidad de su hijo. “Se ha resistido en tres oportunidades. No sólo está evadiendo la justicia, sino que está obstaculizando el trabajo del Ministerio Público”, denunció.
Según su versión, Arce habría alegado “motivos de esterilidad” para justificar su negativa. “Dice que no puede procrear hijos y por eso no quiere someterse a la prueba, pero sabe que el resultado será positivo”, sostuvo Lafuente.
El presidente, que termina su gestión en medio de un clima de cansancio político y disputas internas dentro del oficialismo, se presentó en septiembre ante la Fiscalía de Cochabamba, pero se acogió al derecho al silencio.
En declaraciones posteriores, dijo haberse enterado de la denuncia “por los medios de comunicación”, lo que fue interpretado como una estrategia de distanciamiento ante un caso que incomoda al entorno presidencial.
La denunciante insiste en que Arce “debe responder ante la justicia por todos los delitos cometidos”, y advierte que su ausencia en la transmisión de mando sería una señal de que “pretende eludir la investigación”. El Ejecutivo, hasta ahora, guarda silencio.
El pedido de alerta migratoria coloca a la Fiscalía en una posición delicada: debe decidir si actúa en un caso que involucra a un presidente en funciones y que, a partir del 8 de noviembre, dejará el cargo para convertirse en ciudadano común. La legislación boliviana permite emitir este tipo de medidas cuando se considera que una persona puede evadir un proceso judicial, aunque su aplicación sobre un jefe de Estado es inusual.
La acusación de Lafuente, más allá de su dimensión personal, se ha convertido en un tema de debate político.
El cierre del mandato de Arce, que se presentaba como una transición ordenada hacia el nuevo Ejecutivo, se ve ahora ensombrecido por un proceso judicial que combina acusaciones personales, sospechas de impunidad y tensiones políticas. En el umbral del traspaso de poder, el presidente saliente enfrenta no sólo el juicio de la historia, sino el de la justicia ordinaria.
